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La semana pasada Soraya Sáenz de Santamaría anunció que el próximo año no se compensarán las pensiones por la desviación del IPC (2,9%, en noviembre). Por lo tanto, debido a un coste extra para el Estado de 3.800 millones, 2013 no cumplirá con los acuerdos del Pacto de Toledo, que postula la revalorización de las pensiones en función del IPC.

Las razones dadas son estas:

• El mes que se toma como referencia para la citada revalorización es noviembre, el dato de inflación de este mes ha sido de un 2,9%
• Dado que ya se ha subido un 1% las pensiones, el restante 1,9% no llegará a los pensionistas
• Según la vicepresidenta del Gobierno, si no se produce la actualización es porque las cuentas de España no soportarían el esfuerzo.
• González Pons asegura que la subida ha sido la máxima permitida para un país en el que los últimos años se han perdido numerosos cotizantes a la Seguridad Social y que se ha visto obligado a sacar dinero del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Respecto a este último punto, también hemos visto cómo ha sido noticia la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de disponer de 4.000 millones extra del Fondo de Reserva para poder hacer frente a la pagas de diciembre (sí, incluida la extra de Navidad). Este dato es llamativo porque la Ley estipula que únicamente se puede “tocar” un límite del 3%. No obstante, esta cifra ya ha sido gastada en 2012 (exactamente, con un dispendio de 3.063 millones de euros).

La decisión de “meter mano” al Fondo de Reserva es temporal, según la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y supondrá un aumento sobre el 3% anual estipulado hasta el año 2015. Sin embargo, desde el Gobierno han asegurado que la utilización de estos recursos se destinará estrictamente a la financiación del pago de las pensiones contributivas.

Cabría preguntarse, llegados a este punto del resumen, lo que está ocurriendo con las pensiones en España, si la decisión es acertada o no. Al margen de las críticas naturales de aquellos que verán afectada su pensión, los responsables del Ejecutivo aseguran que se trata de un “ejercicio de responsabilidad”, puesto que el Estado pasa por una situación insostenible. La manera que han tenido de lidiar con esta situación es la siguiente: pese a no revalorizar las pensiones, han intentado no perjudicar a los que consideran como los más débiles, por ello:

• El incremento general previsto para 2013 es del 1%
• No obstante, las pensiones inferiores a 1.000 euros recibirán un aumento del 2% (una situación en la que se encuentran el 74% de los pensionistas)

Pese al titular que supone aceptar que el esfuerzo se hace para no perjudicar a los menos favorecidos, fuentes socialistas aseguran que los pensionistas sufrirán una pérdida de poder adquisitivo de 1,9 puntos (según estas mismas voces, representa más de todo lo perdido durante los años de Zapatero, etapa en la que se perdió 1,2 puntos). A continuación dejamos una tabla elaborada por El País en la que se ilustran estas cifras:

Fuente: ElPais.com

Toda esta situación, como siempre, ha suscitado críticas cruzadas entre Gobierno y oposición, centrando el debate en torno al posible recurso de inconstitucionalidad de la medida. Respecto a esta posible respuesta socialista, cabe señalar que su líder, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha comentado que están a la espera de un dictamen para poder emprender el recurso. En este sentido, considera que en la etapa Zapatero esta medida no se llevó a cabo, puesto que pese a congelar las pensiones de 2011, sí que se ingresó la actualización de noviembre, “precisamente porque había serias dudas de que no pagarla fuera inconstitucional”.

Este maremágnum de incongruencias con programas electorales, dobles raseros en las críticas sobre el deber ser y el haber sido de los socialistas, y los manidos “noes” de los sindicatos ponen de manifiesto la imposibilidad de un representación clara del ciudadano de a pie.

Es difícil sentirse identificado con un partido que prometió y no cumple (PP), que quiere criticar y las hemerotecas lo descalifican (PSOE) y que… bueno, muchas cosas… (Sindicatos).

En fin, consideramos que el más perjudicado es el ciudadano, el pensionista y todos lo que formamos este país y que, de alguna manera, nos vemos afectados por el sufrimiento del resto de españoles o el propio nuestro (o no podemos costearnos la sanidad o no compramos o no viajamos o no recurrimos o simplemente dejamos de saludar en la escalera porque estamos mal…). Es cierto que hay que ser conscientes de que la situación es delicada, que nos jugamos mucho tanto en nuestro presente como en nuestro futuro. Sin embargo, ya parece que se acerca la extenuación ante el televisor. No pasa un día sin nuevas medidas que nos ahogan y sin manifestaciones, acusaciones y quejas descafeinadas. Consideramos que la mejor decisión que hoy en día se puede tener es la lucha personal, la voluntad de superación. Son tiempos muy difíciles y, quizás, lo más sensato sea confiar en uno mismo, en sus conocidos, en sus familiares con el único objetivo de salir de esta crisis. Quizás aunando esta convicción, el reconocimiento de país nazca del propio individuo y no de nuestros representantes. Mientras tanto, a ver si hay suerte y no caemos enfermos, ni nuestros hijos repiten una asignatura, ni nos cortan el tráfico unos manifestantes antes de llegar a un trabajo que quizás perdamos mañana.