HABLANDO DE LA REFORMA FISCAL. EL LIBRO BLANCO DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

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LA REFORMA FISCAL. EL LIBRO BLANCO DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Mientras esperamos para dentro de unos días el “informe del comité de expertos para el estudio de la reforma del sistema tributario”, reunido por el Gobierno para intentar dotar de alguna legitimidad las medidas armonizadoras que llevan tiempo amenazando con adoptar contra la Comunidad de Madrid, se les ha adelantado el Instituto de Estudios Económicos con un interesante informe (el Libro Blanco sobre la Reforma Fiscal en España) que aborda este mismo asunto, pero con unas conclusiones diametralmente opuestas.


Este Instituto es lo que ahora se denomina un “Think Tank” o laboratorio de ideas. Fue fundado en 1979 desde la CEOE por un grupo de empresarios españoles entre los que destacan Carlos Ferrer Salat y Jose María Cuevas “con el objeto de impulsar la empresa privada y el mercado como mecanismo eficiente para la creación y asignación de recursos”. Se trata, por lo tanto, de una institución que desde el sectarismo contemporáneo podíamos decir que es de “derechas”, pero cuyos informes son de un alto rigor técnico, que trasciende la lucha ideológica de trincheras para ocuparse de los problemas económicos reales.


El aspecto más relevante de este informe es su punto de partida que, mediante un análisis cuantitativo de la realidad, se opone al mantra gubernamental de que en España existe un nivel de tributación bajo y, por lo tanto, susceptible de un radical incremento. Es cierto que, como dice el Gobierno, la presión fiscal (la recaudación dividida por el PIB) es algo más baja en España (37,5 %) que la media de la Unión Europea (41,3 %). No obstante, estas cifras recogidas por EUROESTAT se refieren a 2020 y si se mantiene la evolución comparativa de los últimos años cabe esperar que, en 2022, sin tocar el sistema tributario, los niveles tiendan a converger. Hay que tener en cuenta, además, que cuantitativamente la economía sumergida es muy superior en España a la de la media europea de manera que la presión fiscal efectiva (la que se obtiene dividiendo la recaudación tributaria no entre todo el PIB sino exclusivamente sobre la parte de este que tributa), es ya algo superior en España que la media de la zona euro.


Por otra parte, resulta evidente que la presión fiscal no equivale al sacrificio o esfuerzo tributario. Por eso, para garantizar la equidad del sistema, se priorizan los impuestos directos sobre los indirectos y sobre todo el IRPF, en el que las rentas tributan de forma progresiva de manera que el que más gana, no sólo paga un importe absoluto mayor de impuestos, sino, además, un porcentaje mayor de su renta. Aplicando el mismo principio de progresividad a la comparación entre países no resulta equivalente que los españoles, con un PIB de 1.121.948 M€, dediquen a pagar impuestos un porcentaje de su renta semejante al de los alemanes con un PIB de 3.567.080 M€


Al objeto de medir el auténtico esfuerzo fiscal, esta distorsión se ha intentado corregir mediante el índice de Frank que mide la presión fiscal ajustada por renta dividiendo la recaudación por el PIB per cápita en lugar de hacerlo por el PIB total. Este dato nos indica ya que España tiene un porcentaje un 6,6 % superior a la media europea y es la cuarta economía de la UE con un mayor esfuerzo fiscal.


No obstante, este índice tampoco resulta adecuado para medir el sacrificio fiscal, puesto que el mismo porcentaje no supone el mismo esfuerzo fiscal en términos absolutos para una renta baja que para una renta alta (España tiene un PIB per cápita de 23.690 M€ frente a los 42.880 de Alemania o los 45.920 de Suecia).

Para corregir este efecto se han propuesto diferentes índices como el de Bird que en lugar de dividir por el PIB per cápita divide la recaudación entre la renta fiscal disponible (descontando el consumo básico) en el que España empeora aún más respecto de la media europea, situándose como uno de los países con mayor sacrificio fiscal, situación que se agrava, aún más, si tenemos en cuenta la desigual distribución de esta renta producida por las elevadas cifras de desempleo.


Este excesivo sacrificio fiscal respecto de otros países de nuestro entorno se encuentra, además, perfectamente distribuido entre las diferentes fuentes de renta. La presión fiscal empresarial en 2018 era del 11,1 % del PIB en España frente al 9,6 % de la media de la UE y suponía el 31,9 % de los ingresos públicos frente al 24,6 % que suponía en la media de la UE. La tributación de las grandes rentas y patrimonios está en la media de la UE, pero el tratamiento del ahorro es mucho peor. “No existe ningún país de la UE-27 que tenga un impuesto sobre el patrimonio como el de España. En Europa este impuesto solo está presente en Noruega y en Suiza, con unos tipos significativamente más bajos que en España, y en los últimos años lo han suprimido Austria y Dinamarca (1995), Alemania (1997), Finlandia (2006), Luxemburgo (2006), Suecia (2007) y Francia (2018)”.

La mayor parte de los países de la Unión Europea (15 de 27) no tienen Impuesto sobre Sucesiones o, si lo tienen, es con tipos residuales. En el ámbito de la OCDE, el tipo medio del Impuesto sobre Sucesiones es del 15%, muy alejado, por lo tanto, del tipo del 34% existente en España, que puede llegar, en los casos más extremos, combinado con los recargos por grupo de parentesco y patrimonio preexistente, al 82%. Además, en ningún país de la Unión Europea se aplica conjuntamente, como se hace en España, un impuesto sobre sucesiones con un impuesto sobre el patrimonio.

En cuanto al IRPF los tipos marginales no son inferiores a los de la media de la UE y el tratamiento de las ganancias patrimoniales es peor al haberse eliminado el escudo fiscal que suponían los coeficientes de abatimiento y los de depreciación monetaria, a cambio de una tributación a tipos fijos (los tipos del ahorro) que se pagan para cualquier importe obtenido. En este contexto, además, se aplican presunciones de valoración que muy a menudo producen auténticos efectos confiscatorios.

“En cuanto a las cotizaciones sociales a cargo de los empresarios, verdadero impuesto sobre el trabajo, la edición 2021 del Informe «Taxing Wages» (impuestos sobre los salarios) de la OCDE indica que, en 2020, la cuña fiscal en la OCDE supuso el 34,6% frente al 39,3% en España, lo que posiciona a nuestro país en el grupo de países que más paga.”

Se puede afirmar, por lo tanto, que la menor recaudación no se debe a la tipología y tipos nominales de nuestros impuestos que son de los más altos de Europa sino a las bases imponibles del IRPF y del IVA lastradas por la debilidad de nuestro PIB y de nuestro consumo.

En este contexto las subidas de impuestos y sobre todo la armonización fiscal que se supone que va a plantear el informe del comité formado por el Gobierno, al incidir en impuestos como patrimonio o sucesiones, que están prácticamente suprimidos en Europa, va en la dirección contraria a la deseable.

Estos son hechos (no opiniones) que indican que nuestro sistema tributario no puede expandirse más y que para mantener los servicios hay que mejorar la eficacia del gasto público que, ésta sí, es una de las mas bajas de la UE.

“Así, de acuerdo con el análisis realizado por el Instituto de Estudios Económicos, para 2020 la eficiencia del gasto público en España es un 14% inferior a la media de la OCDE, una diferencia que se eleva, incluso, hasta el 66% si se compara con las mejores prácticas a nivel global. España se sitúa en el puesto 26 de los 36 países de la OCDE en eficiencia del gasto público, con una puntuación de 87,4, muy por debajo del 100 que representa la media de la organización económica.”


Habría que plantearse, por lo tanto, si en lugar de los comités de expertos, que tanto con Rajoy como ahora con Sánchez, se han reunido para justificar los constantes incrementos de la presión tributaria, no sería mejor reunir, por una vez, un comité de expertos que analizara los mecanismos necesarios para mejorar la eficacia en la gestión del gasto público.


También habría que plantearse una simplificación del sistema tributario que, junto con un cambio radical de la filosofía recaudatoria (poner coto definitivamente a las interpretaciones extensivas realizadas por la Agencia Tributaria y a las presunciones abusivas mediante las que se hacen tributar bases imponibles completamente imaginarias) terminara con la situación actual de “terror fiscal” y desmesurada litigiosidad entre los contribuyentes y el Estado, que supone una constante pérdida de recursos económicos para ambos.


Por último, resulta imprescindible terminar con la economía sumergida para evitar las distorsiones notoriamente injustas, que esta produce sobre la recaudación.


El informe procede luego a analizar determinadas medidas y reformas posibles sobre los diferentes impuestos, que sería muy prolijo analizar en este momento, pero que nos parece que van en la buena dirección.


La verdad es que de donde no hay no se puede sacar y la única forma de mejorarla la recaudación es expandir las bases imponibles mediante el crecimiento y redistribución del PIB y un desarrollo económico equilibrado. En este sentido, como asimismo plantea el informe, cualquier reforma del sistema tributario tiene que ir orientada a no interferir indebidamente o incluso estimular, el desarrollo económico del país y sólo de forma secundaria a aumentar los ingresos.

Alberto Berdión Osuna
Iberislex Servicios Empresariales S.L
Socio Director.

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