La leyenda del déficit tarifario

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Una de las grandes preocupaciones del Gobierno de Mariano Rajoy es la de poner en orden el sistema eléctrico, que, según nos cuentan, arrastra un déficit de tarifa que amenaza con convertirse en un problema de primer nivel para la economía española.

Lightning3Este déficit es una deuda reconocida por el Gobierno a las eléctricas contra los consumidores. Asciende a 23.159 millones y este año sumará en torno a 3.600 millones más. Se crea porque los ingresos regulados del sistema eléctrico supuestamente no son suficientes para cubrir los costes asociados a las actividades reguladas. Esto es así desde 2007, cuando los Gobiernos empezaron a utilizar la parte regulada de la factura para moderar las posibles subidas de la luz. El déficit se genera porque el Gobierno no repercute en la tarifa los supuestos costes reales de la electricidad. En otras palabras, porque lo que pagan los consumidores en la factura de la luz es insuficiente para cubrir los costes que alegan tener las compañías eléctricas.

Esta deuda la soportan en sus balances los grupos eléctricos integrados en UNESA: Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EON y EDP. Desde 2011 la han titulizado en el  FADE, fondo estatal que la ha ido colocando en el mercado con aval público.

Existe una explicación interesada del lobby eléctrico según la cual los costes que producen este agujero derivan de que los gobiernos han metido en la tarifa conceptos políticos comolas primas para incentivar las energías renovables o la protección al carbón nacional. Estas decisiones habría elevado los costes reales y el Gobierno no los habría trasladado a la tarifa para evitar subir el recibo de la luz, que, pese a todo, se ha incrementado en más de un 60%, desde 2007.

¿Es esto cierto?

La tarifa de la luz se compone de dos partes: el precio de generar energía, que se determina en la subasta eléctrica y el coste de las actividades reguladas, que lo marca el Gobierno. Las actividades reguladas tradicionales son la distribución, el transporte y  la operación del sistema, aunque es cierto que en los últimos años se han incluido otras partidas, como las primas a las renovables, los sobrecostes por generar electricidad en las islas o la amortización de los déficits anteriores. No obstante, todos estos conceptos por si solos no explican el incremento exponencial del coste que imputan las eléctricas en sus estados contables y cuya no repercusión integra en el recibo ha disparado el déficit que tarde o temprano acabaremos pagando entre todos. Para entender este déficit hay que acudir al otro coste que nos repercuten en las facturas, que es el de producción de la energía (50 % de la tarifa total).

¿Cómo se fija el coste de producción de la energía?

La ORDEN ITC/1601/2010, de 11 de junio, por la que se regulan las subastas CESUR (Contratos de energía para el suministro de último recurso) a que se refiere la Orden ITC/1659/2009, de 22 de junio, ambas al amparo de la disposición adicional vigésima del Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre, a los efectos de la determinación del coste estimado de los contratos mayoristas para el cálculo de la tarifa de último recurso, asigna al Operador del Mercado Ibérico de Energía-Polo Español (OMEL ahora OMIE), directamente o a través de una filial, la organización y gestión de las subastas de adquisiciones de energía eléctrica por parte de las comercializadoras de último recurso (Subastas CESUR).  La próxima subasta se celebrará el 19 de diciembre y será determinante para el recibo de la luz del primer trimestre de 2014. Este sistema parece garantizar la objetividad de los costes repercutidos (o incorporados al déficit que acabaremos pagando entre todos), que quedan bendecidos con la pátina del libre mercado.

¿Cuál es su mecanismo?

En primer lugar se fija un precio de salida elevado y se esperan las ofertas  de compra, que normalmente son escasas.  Al no haberse cubierto toda la oferta  se repite el proceso con un precio algo más bajo y así sucesivamente hasta que la demanda iguala a la oferta para cada uno de los bloques subastados. El problema es que la subasta se produce en régimen de oligopolio tanto desde la perspectiva de las comercializadoras de último recurso (compradores) que están integrados por las subsidiarias de las grandes empresas de siempre (UNESA), como desde la perspectiva de los vendedores, que en lo esencial, son estas mismas empresas. Además existe una enorme opacidad en torno a la subasta, que no publica la información sobre las pujas, ni el desglose de los bloques subastados, ni las adjudicaciones intermedias realizadas, ni aporta ninguna información sobre el algoritmo que determina los porcentajes sucesivos de bajada.

Estos datos solo son conocidos por la OMIE en cuyo Consejo de Administración ¡oh sorpresa! Se encuentran representadas todas las mismas grandes eléctricas comentadas.

Para entender esta situación tenemos que acudir a los Consejos de Administración de estas eléctricas en las que en un breve repaso y sin ánimo de ser exhaustivos, nos encontramos, en Iberdrola, al ex ministro del PP Ángel Acebes, en Gas Natural Fenosa, a Don Felipe González Márquez (PSOE), en Endesa España al actual abogado de la infanta Miguel Roca Junyent (Convergencia), y, como asesor externo para Latinoamérica, a Don José María Aznar (PP), en Endesa Chile a Elena Salgado (PSOE), y en ENEL (Endesa Italia) a Pedro Solbes.

Hasta aquí los datos. Y ahora vamos a fabular un poco. Imaginemos un grupo imaginario de empresas en un país también imaginario que debido a su vinculación al poder, a la crisis económica y a su propia mala gestión, tienen importantes necesidades de financiación. Afortunadamente, se trata de empresas que concurren en un sector regulado donde es el gobierno el que determina el precio que paga el consumidor final. Al principio piensan en subir la tarifa, pero el Gobierno duda porque esto no es popular y hay elecciones constantemente, a los Ayuntamientos, a las CCAA, al Estado, o al Parlamento Europeo.

Además, nadie entendería por qué los ciudadanos de este país imaginario tendrían que pagar la mala administración de unas enormes compañías privadas que pagan sueldos exorbitantes a sus directivos, mientras los demás se aprietan el cinturón.  Y alguien tuvo una idea genial. ¿Por qué no hinchar el coste de producción? Luego, si el gobierno puede admitir su incorporación a la factura del consumidor, perfecto y, si no, mejor aún, nos hacemos las víctimas y emitimos una deuda que tarde o temprano pagará el Estado. Pero ¿Cómo convencer a la gente de que efectivamente los costes distribuidos corresponden a los costes de generación del producto? Fácil, piensan en el “Think Tank” de estas grandes compañías. Creamos unas sociedades distribuidoras, montamos una subasta para venderles la producción al precio que nos interese y decimos que ese es el coste de producción. Así nadie podrá decir que el gobierno nos favorece a costa de los consumidores. Y dicho y hecho, el Gobierno legisló lo necesario y en el país imaginario se empezó a hablar de un nuevo engendro que había llegado para quedarse: el deficit tarifario.

Afortunadamente en España no tenemos que preocuparnos porque esto sólo puede ocurrir en un país imaginario ¿O no?

Alberto Berdión | Socio Director

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