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El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto por el que se crea y regula el Consejo Estatal de la Pequeña y la Mediana Empresa.  Este organismo tendrá carácter consultivo y estará formado por las Administraciones Públicas y los agentes económicos y sociales.

Una de las primeras cuestiones que no nos gusta es la numerosa presencia de representantes públicos. Así, el Consejo Estatal de la PYME estará compuesto por miembros de la Administración General del Estado, sus entidades dependientes, representantes de todas las Comunidades Autónomas y de la Administración local, además de las organizaciones empresariales y los sindicatos, el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, etc.

No es de extrañar que Cepyme  (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa) haya criticado esta desproporción representativa, en la que un 70% de sus miembros pertenecerán a la esfera más política. Desde nuestro punto de vista, puede ocurrir lo que tantas veces acontece cuando se trata de la incursión del Estado en la cuestiones empresariales: la burocracia y los planteamientos políticos reducen la representación de los agentes económicos. Por ello, las ideas que acaban desarrollándose pueden estar alejadas del verdadero interesado: los millones de españoles que sostienen la economía nacional a través de sus pymes, aquellos que conocen las dificultades que cada día pueden surgirle a un empresario común.

Objetivos específicos del Consejo

Al margen de las críticas, sobre el papel, el Consejo Estatal de la PYME nace con un objetivo loable. Este organismo quiere convertirse en referente y voz de las pymes, haciendo que las decisiones políticas tengan en cuenta su punto de vista cuando se afronten los problemas de la pequeña y mediana empresa. Es decir, se trata de un foro que quiere favorecer la visibilidad de las pymes y emprendedores y situarlos en la posición de referencia que se merecen.

Entre su cometido destaca:

• El seguimiento de la evolución, problemas y políticas que pueden afectar a las pymes.
• La realización de recomendaciones para la coordinación de todos los programas vinculados con el apoyo a la pyme.
• La aplicación en España de la «Small Business Act» para Europa; cuyo objetivo es establecer un marco que permita explotar el potencial de crecimiento y de innovación de las pyme.
• Ser un observador de referencia respecto a las prácticas internacionales que apoyan a las pymes y su viabilidad para la implantación en España.

En este periodo de crisis, lo primero que viene a la mente son: duplicidades, gasto…  Sin embargo, el Gobierno ha informado que este Consejo no generará duplicidades.  Mientras esperamos su implantación práctica, y pese al peligro que hemos manifestado en la crítica, lo cierto es que de funcionar convenientemente permitirá unificar las políticas de apoyo a la pyme en todo el territorio español. Si todo sigue como se espera, en dos meses estará en funcionamiento.