Claves del proyecto de reforma legislativa de Gallardón

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, postula una renovación legislativa de calado para toda la Justicia. Ha hablado en diversas ocasiones de la necesidad de una regeneración institucional que corrija aquellas faltas que mitigan el prestigio de los órganos judiciales. Entre otras, destacó la imagen politizada que tiene el Consejo General del Poder Judicial y la propia Justicia en España.

En opinión de ministro no se puede seguir asistiendo a una crónica judicial plagada de decisiones que la ciudadanía relaciona con un origen claro en un partido político y por tanto con una identificación ideológica. Es por eso, que se quiere volver al sistema anterior a 2001; según el cual, 12 de los veinte vocales que integran el CGPJ serán elegidos por jueces y magistrados de todas las categorías. Los 8 restantes serán seleccionados por el Congreso. El objetivo es evitar el sistema partidario de reparto de cuotas.

Numerosa carga de procesos

El Ministerio lo tiene claro: este problema no se puede solucionar invirtiendo más dinero. Entre otras cosas, por la situación económica del país. Pero también porque en opinión del ministro la inversión que se ha realizado en los últimos años no ha demostrado su eficacia tanto como debería. Es por ello que la solución radica en la desjudicialización de determinados procedimientos a través de la Ley de jurisdicción voluntaria, despenalización de ciertos aspectos y el fomento de la mediación para el aumento de soluciones a través de mecanismos extrajudiciales. Para ello:

• Se ha anunciado la intención de permitir que los notarios tengan la potestad de tramitar bodas civiles y divorcios, siempre que haya acuerdo mutuo entre los cónyuges
• Se dará prioridad a los expedientes que por su naturaleza tengan mayor envergadura o por su repercusión en materia económica nacional
• Se intentará modificar el sistema de asistencia jurídica gratuita para evitar ciertos abusos y reducir los procesos litigiosos. Así, se establecerá un mayor control de los requisitos para acceder a la gratuidad de la justicia.
• Por último, se ha anunciado la intención de crear un nuevo modelo de tasa judicial a partir de la segunda instancia. Según esto, además del actual depósito previo, se establecerá el pago obligatorio por las partes de los costes del proceso con un reintegro del mismo en el caso de que prospere el recurso. Asimismo, los asuntos de jurisdicción penal o personas que acrediten escasez de recursos podrán evitar esta cuota

Nuevos proyectos legislativos

Ruiz Gallardón mantiene su posición contra la cantidad de “parches” que se han ido introduciendo en el cuerpo legal del Estado y abogó por una reforma en profundidad de unas determinadas leyes. Desde 1978 el Código Civil ha sufrido 29 modificaciones; el Código Penal ha tenido 28 en quince años de vigencia; la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (aprobada en 2000) lleva 20; la Ley de Enjuiciamiento Criminal sostiene 44 modificaciones desde 1978 y la LOPJ arrastra 42 reformas. Es por esto que desde el Ministerio se anuncian los siguientes proyectos:

• Una nueva ley de demarcación y planta judicial que evolucione la idea de partido judicial y cree uno más acorde con la realidad social, económica y de otra índole de la España del 2012
• Respecto a la LOPJ, se tratará el ya mencionado sistema de elección de los vocales y una revisión de la oficina judicial para potenciar su pleno funcionamiento. Por otro lado, se fomentarán fórmulas que garanticen una verdadera Justicia profesional, a través de fórmulas que alcancen la objetividad en los sistemas de acceso; para ello, se primará el mérito, la capacidad y la especialización.
• La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal se postula como una de las reformas más importantes. En su desarrollo se apoya el sometimiento a plazo del secreto de sumario, el control objetivo y adecuado de las intervenciones telefónicas, la limitación de las situaciones procesales pasivas y la regulación de la fase de investigación para promover la imparcialidad y las garantías en el proceso. En este mismo sentido, se apuesta por la potenciación del papel del fiscal en la fase de instrucción (aumentando su autonomía funcional en su estatuto orgánico).

Otro aspecto interesante en los proyectos que se tiene para la LEC es que se garantice la doble instancia penal, no implantada en España como en otros países del entorno, mediante una reforma del recurso de casación

• La Ley de jurisdicción voluntaria es otra de las reformas importantes que se quieren aprobar. Mediante ésta, se pretende solucionar controversias que ahora copan las salas jurisdiccionales y que podrían ser tratadas por profesionales cualificados.
• En este mismo sentido, aparece la Ley de mediación para que en el orden civil y mercantil se pueda garantizar la seguridad jurídica mediante procesos que se resuelvan con anterioridad a la llegada a juzgados y tribunales.
• Para finalizar este apartado, merece especial consideración la importancia que para el Gobierno tiene la elaboración de un nuevo Código Mercantil que sustituirá al Código de Comercio de 1885 y otras leyes relacionadas. El objetivo de dicha modificación es contribuir a la mejora de la competitividad en España.

Otros aspectos destacados

1. Trabajar en agosto: una de las medidas que más conversaciones ha suscitado entre los profesionales de la abogacía. La meta, según palabras del ministro, es “encontrar un mecanismo que dé respuesta a la necesidad de evitar que la Justicia española tenga tiempos muertos”. No obstante, el Gobierno es consciente de la realidad judicial española y de los problemas que puede ocasionar entre los profesionales jurídicos y el profesional de servicio de la Administración.
2. Reforma de la Ley Orgánica de 3 de marzo de 2010 sobre salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Se pretende volver a los tres supuestos anteriores y exigir el consentimiento paterno en el caso de menores.
3. En la lucha contra los “delincuentes profesionales” se pretende crear un registro que refuerce las penas en caso de multireincidencia. Del mismo modo, se quiere esclarecer la difusa frontera de los 400 euros que divide el hurto y el delito.
4. Ley del Menor. Se quiere potenciar la corresponsabilidad de los padres así como adecuar con el derecho de familia a las nuevas realidades sociales. Para evitar el doble enjuiciamiento, cuando existan casos de delitos graves en los que participan mayores y menores de edad, se unificará la investigación y el propio enjuiciamiento.

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Estos son algunos de los aspectos más destacados en los proyectos que tiene el ministerio de Justicia. Falta saber cómo se dirimirá todo esto en el Parlamento y finalmente, qué se implantará. En cualquiera de los casos, seguiremos profundizando en sus aspectos en función de su aprobación.