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La semana pasada supimos que el Pleno del Congreso había rechazado la iniciativa parlamentaria de CIU en la que se proponía que pymes y autónomos retrasaran la liquidación del IVA de facturas hasta el pago efectivo de las mismas. Una mala noticia para todos los emprendedores que en el contexto económico actual sufren grandes dificultades para equilibrar sus cuentas. De hecho, en el primer trimestre del año, un 82,8% de las pymes anunció que los bancos habían aumentado su nivel de exigencia respecto a garantías y avales en relación a 2011. De manera llamativa, hasta un 57,4% declaró que las entidades les habían pedido garantías de carácter personal para la concesión de préstamos.

Ante esta situación, el rechazo en el Congreso de la liquidación de facturas impagadas supone una merma para la solvencia de PYMES y autónomos, que seguirán presentando a Hacienda las liquidaciones trimestrales del IVA correspondientes a facturas que quizás nunca cobren. Si bien es cierto que el Partido Popular pidió su retirada debido a que se trataba de un tema que no se podía resolver en ese momento “por las complejidades técnicas que tiene» y porque, en su opinión, «merece que sea el Gobierno quien la traiga y que los grupos hagan sus aportaciones», lo cierto es que la situación económica de pequeñas y medianas empresas no puede permitirse este tipo de formalismos. No obstante, el Gobierno quiere desbloquear la escasez de crédito que evita que la economía española pueda dinamizarse.

Pagarés para la financiación de pymes

El Ministerio de Economía ha creado una mesa de negociación que desarrolle vías de financiación separadas del sistema bancario. La forma de canalizar este tipo de créditos se basaría en un mercado de renta fija en el que inversores provenientes de diferentes fondos y compañías del sector asegurador pudieran adquirir pagarés o facturas pendientes de cobro emitidas a corto plazo. La seguridad de este mercado estaría avalada por un sistema de calificación crediticia llevado a cabo por auditoras y empresas “de prestigio”.

El problema principal al que debería hacer frente esta medida es la manida falta de confianza entre inversores de toda índole. Entre los aspectos que restan credibilidad aparecen:

• La falta de cumplimiento de la Ley de morosidad, cuyos plazos límite son de 75 días (sector privado) y 40 (sector público)
• El elevado déficit público español, que provoca la expulsión del sector privado y limita la financiación

No obstante, lo cierto es que la reactivación del crédito, o la intención de garantizarlo, no se refuerza con políticas que favorezcan la liquidez a través de otros mecanismos, por ejemplo el pronto pago de las facturas anunciado en la Ley de morosidad y que da lugar a este post. Estas realidades limitan la creación de empresas y ahogan a las ya existentes. La situación económica nacional es difícil, pero paliar la capacidad de crecimiento de pymes y autónomos (95% del tejido empresarial español y creadores del 80% de la ocupación de trabajadores) es una limitación que fomenta un círculo vicioso que repercute en el crecimiento económico, uno de los caballos de batalla de gran parte de la oposición a las tesis que llegan desde Alemania.

En cualquier caso, estaremos pendientes de las nuevas medias y os informaremos que sin demora.